El reloj y el mazo

En la arena política, el poder a menudo se mide por la fuerza del mazo. Pero en una República, el verdadero poder reside en el respeto al tic-tac del reloj. La reciente sentencia de la Primera Sala Constitucional en el caso de Salvador del Solar es un recordatorio contundente de esta verdad olvidada: que ni siquiera el Congreso de la República, con todo su estruendo y su mazo, puede detener el tiempo ni ignorar el sonido de un plazo cuando este ha expirado.

El caso era un laberinto de absurdos. A Del Solar se le perseguía por una infracción constitucional cuyo plazo para ser sancionada había vencido el 30 de setiembre de 2024. Sin embargo, el Congreso, en un acto de amnesia selectiva, continuó con el juicio político, ignorando sus propios informes y precedentes que, en casos de excongresistas amigos o de menor calibre mediático, habían aplicado la caducidad con la velocidad de un rayo. La ley, al parecer, tenía un calendario para unos y un tiempo elástico, casi infinito, para otros.

Lo más surrealista es que el propio Pleno del Congreso, en un chispazo de lucidez, votó por archivar el caso por caducidad. Pero, como en una mala obra de teatro, una reconsideración presentada en el último segundo dejó el procedimiento en un limbo kafkiano: archivado pero no del todo, con la amenaza de ser resucitado en cualquier momento por el vaivén de una nueva votación. Del Solar quedó atrapado en un purgatorio parlamentario, ni culpable ni inocente, simplemente a la espera del próximo capricho de la mayoría.

Es aquí donde la Sala Constitucional ha hecho lo que se espera de un juez en una democracia: ha puesto el reloj sobre la mesa y ha detenido el mazo. Con una sentencia pedagógica y demoledora, le ha recordado al Congreso que el plazo de cinco años del artículo 99 no es una sugerencia, sino una lápida. Es un plazo de caducidad, un límite infranqueable diseñado para proteger a los ciudadanos de la persecución política indefinida.

La decisión es brillante no por ser creativa, sino por ser obvia. Los jueces no inventaron una nueva doctrina; simplemente tomaron el propio reglamento del Congreso, sus propios informes y su propia jurisprudencia parlamentaria, y se los pusieron delante como un espejo. "Esta es su regla", le dijeron. "Ustedes la escribieron. Ustedes la aplicaron para otros. Aplíquenla ahora". Es una lección de coherencia que expone la arbitrariedad de un poder que parece creer que las reglas solo aplican para sus adversarios.

Este fallo no es una intromisión, es un acto de orden. Es la justicia recordándole al poder político que la Constitución no es un menú a la carta del que se puede elegir qué cumplir y qué ignorar. Es un recordatorio de que la potestad sancionadora, cuando se ejerce fuera de tiempo y con un trato desigual, deja de ser control político para convertirse en simple y llana venganza.

Al final, la Sala no ha hecho más que darle la hora al Congreso, recordándole que, en un Estado de derecho, el tiempo del poder también se acaba.